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  1. Primero fue la ley contra la discriminación sexual de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, más conocida como LGTBI. Una iniciativa que se tramita en el Congreso de los Diputados, y que ahora se encuentra en fase de enmiendas. Y ahora es una polémica Proposición de Ley (PL) sobre la Protección Jurídica de las Personas Trans, que se presentará en los próximos meses para su debate en Pleno. Podemos ha puesto el foco de sus iniciativas sociales en las demandas de este colectivo y ayer registró en la Cámara Baja esta controvertida iniciativa, junto a una representación de la Plataforma Trans. Aunque la normativa específica para las personas transexuales recoge muchas de las medidas de la ley LGTBI, sobre todo la insistencia en que los menores de 16 años puedan hormonarse sin permiso paterno, incorpora una singular definición de la condición sexual. Si prospera esta norma, ya no solo podrán registrarse con el término femenino o masculino, sino también como «No Binario» (abreviatura NB), con la que clasifican a personas dentro de una tercera categoría de género. Podemos invita a los mayores de 16 años «cuya identidad sexual y/o de género no coincida con el sexo que figura inscrito en el Registro Civil, a promover ante el encargado del Registro del domicilio, mediante expediente gubernativo, la rectificación de la circunstancia relativa al sexo, y/o cambio de nombre propio. La mención al sexo será femenino, masculino o no binario». Personas «intersex» La formación morada afirma que algunos países otorgan un reconocimiento y garantía jurídica a las personas identificadas como «género no binario» o una tercera categoría de género. Asimismo, en unos sistemas jurídicos «esta opción solo está disponible para personas intersex». En la exposición de motivos de la PL, esta formación política afirma que Australia fue el primer país que en 2003 estableció una tercera categoría de género, al reconocer el sexo de una persona como «indeterminado». Seguidamente, hace referencia a Alemania que, en noviembre de 2013, aprobó una ley que permite la inscripción de todas aquellas personas con características de ambos sexos, bajo el signo de «X» en su documentación. Al margen de esta cuestión, la formación de Pablo Iglesias insiste en la necesidad de que los menores de 16 años puedan recibir un tratamiento hormonal, sin permiso de sus padres. Pero va más allá, ya que, subraya que, en los casos en los que la persona no sea capaz intelectual y emocionalmente de «comprender el alcance de dichos tratamientos», el consentimiento «lo darán las personas que ostenten la representación legal». Si hay discrepancia entre la persona que ostenta la patria potestad y el menor de 16 años, se nombraría «un defensor judicial» que acompañe al joven. Entre las medidas que recoge en el ámbito educativo, hay que destacar su propuesta para que las comunidades incluyan en los libros de texto «la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, así como la igualdad de los derechos de las personas trans». También plantea que el alumnado transexual «tenga derecho a utilizar y ser nombrado con el nombre elegido conforme a su identidad sexual, a ser considerado a todos los efectos y actividades que se programen, el uso de uniformes o el acceso a los aseos, de acuerdo a su identidad de género». «Locura legislativa» En el ámbito laboral, propone incentivos fiscales para las empresas que contraten a personas de este colectivo en el sector privado. Los beneficios se concretan en una deducción especial del 60% en la base imponible del Impuesto de Sociedades. La iniciativa no ha tenido buena acogida en el principal grupo parlamentario que podría respaldarla: el socialista. La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, aseguró a ABC que «no se puede hacer una ley para cada cosa. Es una cuestión que ya está incluida en la ley LGTBI y en el trámite de enmiendas se podrán ir dando soluciones. No tiene sentido legislar más veces sobre lo mismo. Estamos entrando en una locura legislativa».
  2. Elevar el tiro. El antiguo jefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero trasladó ayer a los políticos la responsabilidad de la inseguridad vivida en el referéndum independentista ilegal, celebrado el pasado 1 de octubre. Trapero -imputado por facilitar la votación a través de la pasividad de los agentes autonómicos el 1-O- rechazó ayer su subordinación a los líderes independentistas en el plan para lograr la secesión de Cataluña por las vías ilegales. El mayor reveló a la juez Carmen Lamela que advirtió de todo ello a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn en dos reuniones celebradas los días 26 y 28 de septiembre, antes del referéndum ilegal, según informaron fuentes jurídicas. En dichos encuentros, Trapero expresó a los antiguos gobernantes catalanes que los Mossos no respondían a la estrategia del proceso independentista ilegal y que cumplirían el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó impedir la votación y requisar el material preparatorio. Fuentes de la defensa de Trapero informaron de que el mayor detalló ayer estas reuniones, celebradas a petición de la cúpula de los Mossos. Trapero también mostró en las reuniones con los dirigentes su malestar por los mensajes públicos de los antiguos responsables de la Generalitat, que manifestaron que la policía autonómica facilitaría el 1-O, según las mismas fuentes, presentes en la sala. Tercera comparecencia Esta versión contrasta de forma radical con la tesis que se ha formado la juez investigadora, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, según los indicios acumulados durante la instrucción. La juez atribuye a Trapero «la total inactividad» de los Mossos en el referéndum ilegal, le ubica como un eslabón en el plan independentista para lograr la secesión por un camino ilegal, y le acusa de liderar desde la cúpula policial «un plan premeditado» para facilitar el 1-O. La pasividad de los Mossos forzó una tardía intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que generó tensiones y cargas en algunos centros electorales, abarrotados de militantes independentistas. Este episodio es uno de los sucesos valorados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para apreciar indicios de rebelión, un delito por el que investiga a 28 líderes independentistas. Según Llarena, los secesionistas asumieron los posibles brotes violentos como inevitables para su estrategia. En su tercera declaración, Trapero se marchó libre, sin nuevas medidas cautelares que limiten sus movimientos. La magistrada rechazó la petición de la Fiscalía, que pidió condicionar la libertad de Trapero al pago de una fianza de 50.000 euros. Lamela considera suficiente para garantizar la disponibilidad del mayor ante la Justicia las medidas fijadas el pasado 16 de octubre. Aquel día, la juez prohibió a Trapero salir de España, le obligó a entregar el pasaporte y le citó cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio. El mayor de los Mossos «viene cumplimiendo escrupulosamente» las obligaciones impuestas, alegó la juez. El Ministerio Público solicitó la fianza «por la agravación de la situación procesal» de Trapero, a quien la juez imputó esta semana un nuevo delito de sedición, y por las novedades que brotaron ayer en la declaración, en alusión a las reuniones previas al 1-O. En una nota, la Fiscalía aludió a estas revelaciones como «detalles importantes que anteriormente ocultó» Trapero. La acusación pública considera que el antiguo jefe de los Mossos «no llevó a cabo ningún intento de impedir» el referéndum, prohibido y suspendido por el Tribunal Constitucional. La defensa del mayor niega que el antiguo responsable de los Mossos haya ocultado tales reuniones hasta ahora. Según su letrada, los encuentros con Puigdemont, Junqueras y Forn fueron citados en un escrito dirigido a la juez el pasado 18 de diciembre, cuando se solicitó la testifical de los gobernantes catalanes para cuestionarles por la advertencia de Trapero. Lamela rechazó la prueba, porque los exdirigentes catalanes ya estaban siendo investigados por los mismos hechos en el Tribunal Supremo. La declaración de ayer sí fue la primera comparecencia en la que Trapero mencionó tales reuniones. También fue el primer interrogatorio desde que el mayor está imputado por la pasividad de los Mossos en el referéndum ilegal, aunque ya fue interrogado por tales hechos en la declaración anterior. Hasta el pasado lunes, el anterior jefe de los Mossos solo era investigado de forma oficial por el acoso a la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. Aquel día, una masa de independentistas coaccionó a los agentes y retrasó durante horas la salida de la comitiva judicial que registraba la sede de la Consejería de Economía, en Barcelona. La letrada de la administración de justicia tuvo que escapar por la azotea y tres vehículos oficiales quedaron destrozados, sin que la policía autonómica impidiese la protesta. La juez atribuye a Trapero dos delitos de sedición, uno por el 20 de septiembre y otro por el 1 de octubre. Este tipo penal castiga con hasta quince años de prisión a aquellas autoridades que impidan la labor de la justicia o los agentes policiales a través de la fuerza, por medio de un alzamiento tumultuario. Lamela tampoco descarta imputar en el futuro al mayor un delito de organización criminal. Todo ello dibuja un grave horizonte penal. Problema de orden público Fuentes fiscales interpretan que Trapero trató ayer de señalar a la anterior cúpula política de la Generalitat y eludir su propia responsabilidad. Según estas fuentes, el mayor no hizo nada para frenar el referéndum, a pesar de reconocer a Puigdemont, Junqueras y Forn que su celebración iba a suponer «un problema de orden público». El mayor tampoco supo justificar ayer por qué los Mossos no cerraron de forma efectiva ningún colegio electoral ni requisaron las urnas ni las papeletas, según las mismas fuentes de la acusación pública. Algunos mandos de los Mossos -como el actual jefe, Ferrán López, quien testificó ayer- han alegado que los colegios fueron ocupados previamente para actos lúdicos. En el auto en el que le citó por la actuación de los Mossos el 1-O, la juez expresó sus conclusiones, antes de escuchar al mayor. «La finalidad inmediata de Trapero estaba orientada a facilitar el referéndum y la proclamación de la república catalana», alegó.
  3. Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, los dos últimos alcaldes del Partido Popular en la ciudad de Alicante, se sentarán en el banquillo de los acusados en la causa abierta por las irregularidades detectadas en las adjudicaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Los exalcaldes, alejados de la política desde 2014, se enfrentan a peticiones de cárcel que suman diez años. En el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular el juzgado de instrucción número cinco de la capital alicantina y contra el que no cabe recurso el juez aprecia indicios de la comisión de los delitos de cohecho; tráfico de influencias; revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos; y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad. El procedimiento se centra en la revisión del PGOU y en cómo el Ayuntamiento gobernado por Alperi y Castedo instó a la Generalitat a su «aprobación definitiva inmediata» y «sin más trámite». El magistrado considera que en este caso se quiso favorecer «de forma sustancial al principal investigado», el constructor Enrique Ortiz, que compró suelo a un precio con «recorrido» porque sabía que iría a un proceso urbanístico. El empresario, «una vez obtenida la aprobación municipal», revendía participaciones a «la propia entidad bancaria» que financió la adquisición y «extrae así una importante plusvalía». La exalcaldesa será juzgada por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario; cohecho y tráfico de influencias, al igual que su predecesor en el cargo y mentor político, Díaz Alperi, mientras que el constructor Enrique Ortiz se sentará en el banquillo por tráfico de influencias y cohecho ya que se le excluye de la acusación inicial de aprovechamiento de información privilegiada que había sido incluida en el auto de procesamiento, de acuerdo con una resolución anterior de la Audiencia provincial y con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva. En la causa figuran como acusadas otras seis personas. Entre ellas, los abogados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman diez años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 años y 24 respectivamente. Por su parte, para Enrique Ortiz, reclama ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación. Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para el empresario; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso media con el de prevaricación. Fianza de 1,3 millones El juez ha acordado formar pieza de responsabilidad civil, y requiere a Ortiz, Castedo, Alperi y tres acusados más a que presenten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran declarar, y que el juzgado cifra en 1,33 millones de euros.
  4. Los ataques de la oposición, incluido el «socio preferente» del Gobierno, Ciudadanos, al presidente Rajoy por no llevar los Presupuestos de 2018 al Congreso ya tiene respuesta. La Moncloa ha optado por pasar la pelota a los grupos parlamentarios, y tendrá listo el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 antes de Semana Santa, «Antes del 25 de marzo, que es cuando empieza», precisó Mariano Rajoy en Bruselas, tras participar en la cumbre informal de los 27. Hasta ahora desde el Gobierno se había supeditado la presentación del proyecto a la existencia de un acuerdo previo. Pero se ha producido un giro en la estrategia del Ejecutivo. Primero lo adelantó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y después fue el presidente quien aseguró que el Consejo de Ministros dará luz verde a las cuentas publicas en cuatro semanas, con varios meses de retraso. Se imitará así prácticamente el calendario del año pasado, con los Presupuestos de 2017. El objetivo es que las nuevas cuentas entren en vigor antes del verano, para que en julio pueda aprobarse el techo de gasto de los siguientes Presupuestos, los de 2019. La realidad es que Rajoy no tiene asegurados en absoluto los acuerdos. Le falla primero el PNV, que con el 155 vigente en Cataluña no quiere ni arrimarse al Gobierno. Y también cojea por la parte de Ciudadanos, que ha aprovechado para marcar todas las distancias posibles con Rajoy e intentar ir ganando terreno en las encuestas. La Moncloa siempre sostuvo que sin acuerdo no se presentaría el proyecto en el Congreso, para evitar una dura derrota parlamentaria, Pero el criterio ha cambiado. Ahora el presidente del Gobierno da el paso de llevar las cuentas al Congreso. Y ahí se tendrán que retratar todos en la negociación. En La Moncloa confían en que para entonces se haya normalizado la situación en Cataluña. Rajoy, por cierto, celebró ayer el resultado de la última encuesta del «CIS catalán», en la que los independentistas pierden claramente posiciones. «Es muy positivo», remarcó. Rajoy se mostró «esperanzado» en que se produzca un acuerdo presupuestaria que daría estabilidad política durante el resto de legislatura. Fuentes de La Moncloa confirmaron ayer a ABC que si se produce una derrota parlamentaria, no habrá un adelanto electoral, sino que se mantendrán prorrogadas las cuentas de 2017. El presidente también se refirió ayer al relevo que debe producirse en el Ministerio de Economía, con la elección de Luis de Guindos como próximo vicepresidente del Banco Central Europeo. Rajoy negó que vaya a producirse el cambio antes del lunes, como quería Guindos. Y subrayó los requisitos que debe reunir la persona que ocupe su lugar: competencia, capacidad de trabajo e ilusión. Sobre todo, incidió en que el nuevo titular de Economía debe conocer en profundidad los temas que están ahora mismo sobre la mesa, es decir, se los tiene que tener estudiados ya, y debe estar familiarizado con ellos.
  5. Tres días después de la ruptura de negociaciones entre Interior y los representantes de policías y guardias civiles a cuenta de sus nóminas, Cristóbal Montoro provocó ayer el desconcierto al asegurar que la equiparación salarial con las policía autonómicas «será completa» en 2020. «Está garantizado que la nómina de un policía nacional y un guardia civil, dependiendo de las actividades que desarrolla, estará completamente igualada a la del mosso d´esquadra», indicó el ministro de Hacienda y Función Pública. Y eso justo después de que la palabra equiparación quedara desterrada horas antes por el Ministerio del Interior, que ha cifrado la brecha salarial en 807 millones, de los cuales 476 corresponderían a la Guardia Civil. «Esos datos son falsos -señalan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP)- porque los salarios de la tabla con la que se han calculado no son reales. Según esa tabla, un policía nacional cobra 30.123 euros anuales, cuando su salario está en torno a los 26.000». ¿Cómo ha llegado el Ministerio entonces a ese cómputo? «Mezclando conceptos. Se ha dividido lo que cuesta la Policía a la Administración entre el número de agentes y eso se ha considerado su nómina, con productividades especiales o complementos, gastos de otro tipo, el dinero que se paga a los que están en el extranjero...». La ruptura entre Interior y quienes dependen de él es elocuente, pero también que Montoro no se dé por aludido respecto a esa división. Ayer, explicó que «el Ministerio del Interior está trabajando en una línea muy correcta para la efectiva equiparación», informa Servimedia y abundó en que existe «la disposición y la capacidad presupuestaria para ello». La Secretaría de Estado de Seguridad contó horas antes que «de los 500 millones que el Gobierno va a destinar este año a aumentar el sueldo de todos los funcionarios, 300 serían para Policía y Guardia Civil». La anterior promesa pasaba por alcanzar los 1.500 millones de euros en tres años, una cifra manejada con soltura por Cs que ha enarbolado la bandera de la homologación a sabiendas de los réditos electorales que puede obtener a coste cero. A la guerra de cifras se ha sumado la discrepancia entre los Ministerios hasta el punto de que ayer los representantes de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles ironizaban con quién debían negociar. Fuentes de Interior negaron diferencias: «Montoro y Zoido hablan constantemente con plena sintonía», indicaron e insistieron a ABC en la idea de que se va a llegar «hasta donde se pueda». No hay voluntad de terminar una negociación «histórica». Trabajar a reglamento De hecho todas las asociaciones y sindicatos que participan (el 90 por ciento de ambos Cuerpos) han abierto una página web coincidente en la que expondrán las propuestas «serias» que reciban de Interior (aún existe confianza en que se retome el diálogo) para que las voten los afiliados. Si eso no se produce, ya hay planteadas medidas de presión con dos límites claros: que estén dentro de la legalidad y que no afecten a los ciudadanos. Se baraja convocar movilizaciones masivas e incluso trabajar a reglamento, una medida que se ha utilizado en alguna ocasión como la llamada «huelga de bolis caídos», que llevaron a cabo agentes de Tráfico. Acudir a Bruselas también está en la agenda.
  6. El ministro Cristóbal Montoro tiene buenas intenciones. No es habitual tan venturoso acontecimiento, pero esta vez, es cierto. Quiere aprobar los presupuestos generales del Estado antes de la Semana Santa. Es decir, además de buenas, sus intenciones son exigentes, porque los escollos políticos son muchos y los tiempos son cortos. En realidad no estoy seguro de que la cosa sea demasiado grave. La experiencia demuestra que cuando nos cobijamos al amparo de unas cuentas públicas prorrogadas, los servicios públicos básicos funcionan, el transporte, la sanidad, la policía o, por ejemplo las pensiones que dependen de otro negociado y, por si fuera poco, el Estado gasta menos. Así que tampoco es imprescindible apresurarse. Como entre nosotros es muy escasa la atención prestada al contenido de las cuentas públicas, todo se resume al envoltorio, a las formas y a los compromisos mutuos. El Gobierno necesita reeditar el apoyo de Ciudadanos y el del PNV. Con los primeros se ha alejado, a base de lanzarse exabruptos mutuos que a nadie benefician y con el PNV necesita que amaine el temporal catalán. La disputa con Ciudadanos, si se agría aún más, se puede enquistar, si ninguno de los dos partidos actúa con inteligencia y mesura. Una desgracia. Por su parte, el PP volverá a usar el apoyo nacionalista para mostrarlo como ejemplo de los réditos que proporciona la cordura y el PNV, «malgré lui», necesita evitar que su apoyo se interprete como un desaire a sus parientes del «procés». Unos parientes, por cierto cada día más incómodos y distantes. Pero, salvado ese escollo, me parece más sencillo amarrar esta parte del trato que la primera. Al PNV le sale muy beneficioso. Da poco y recibe mucho. Cambia la necesidad de los populares, -insuficiencia de votos-, por la virtud de las contrapartidas obtenidas, en forma de dinero, inversiones y nuevas competencias. Al PNV le da exactamente igual que haya o no presupuestos del Estado, pero sabe muy bien cuánto valen en el mercado político de hoy sus escasos votos en el Congreso y los vende como si fueran bitcoins de los buenos. El PNV es, sobre todo, un partido pragmático que agita el fuero de vez en cuando, pero solo es para ejercitar los músculos. Lo que no suelta, ni loco, es el huevo.
  7. Después de que los máximos representantes del Parlamento Europeo y la Comisión Europea cerraran la puerta a la independencia de Cataluña, el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Guido Raimondi, dio ayer su apoyo implícito a España a la hora de afrontar cualquier desafío legal con el imperio del Estado de Derecho. Raimondi consideró ayer en una conferencia en Madrid que este concepto supone «una muralla que se levanta en el camino de la tiranía». De esta forma, Raimondi se manifestó en los mismos términos que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ayer en una conferencia celebrada en Madrid. «Esta jurisprudencia (la del TEDH), y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Presidente del Tribunal Constitucional, es más que un control estrictamente jurídico. Fijando los estándares mínimos de la protección de los derechos humanos en nuestro continente, esta jurisprudencia es en cierta forma la guardiana de la identidad europea. Una identidad basada en el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia pluralista. En ese sentido se puede decir que ella es una muralla contra la tiranía», ha subrayado Raimondi, durante una de sus intervenciones en el III Seminario conjunto Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo, en el marco de la conferencia magistral titulada «Multiculturalidad y margen de apreciación por las jurisdicciones nacionales». Tajani y el Parlamento Europeo El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, fue uno de los primeros en mostrar su apoyo contundente al imperio de la ley frente al desafío secesionista. Ya en octubre, en uno de los momentos más críticos del «procés», afirmó que «ningún país europeo pretende reconocer Cataluña como un Estado independiente» y alertó sobre las «pequeñas patrias», que consideró «restos del pasado». De hecho, en una entrevista publicada entonces por el diario italiano «Il Messaggero», Tajani aseveró que «incluso Theresa May, en pleno Brexit, dijo que Reino Unido no reconocerá nunca a Cataluña». Juncker, contundente La Comisión Europea, a lo largo de estos meses de desafío soberanista, también ha utilizado todo tipo de sutilezas para enviar el mensaje de que no aprecia las tendencias separatistas del nacionalismo catalán. Lo ha dicho con palabras amables, con gestos diplomáticos y con todo tipo de declaraciones, pero hasta ahora los destinatarios del mensaje no han querido oír nunca lo que les decían desde Bruselas. Amén del discurso pronunciado en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias del pasado año, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hizo en octubre su enésimo intento de hacer entender que para el proyecto europeo la separación unilateral de una región española sería catastrófico y que desde las instituciones comunitarias no pueden esperar ningún tipo de aliento en sus planes. En un discurso a jóvenes estudiantes de su país, Luxemburgo, Juncker aseguró que si Cataluña se convirtiera en un estado independiente de España, otras regiones europeas abrirían el mismo debate por encima de la legalidad, lo que acabaría destruyendo Europa. Además, también explicó que el Ejecutivo comunitario no puede actuar como mediador en esa extraña situación porque se crearía «más caos» en la Unión Europea.
  8. Advertencia a los políticos El mayor de los Mossos intentó ayer despejar su responsabilidad en el referéndum ilegal del 1 de octubre, por el que está imputado. Trapero alegó que él avisó a los gobernantes catalanes de que la votación supondría un problema de orden público y que trató de cumplir la orden judicial, de impedirlo. Un plan para facilitar el 1-O La juez Lamela, que investiga a Trapero, considera que el mayor facilitó la votación ilegal, liderando «un plan premeditado» desde la cúpula de los Mossos que se plasmó en la «inactividad total» del cuerpo autonómico. La pasividad de la policía catalana forzó la tardía intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Dos delitos de sedición La magistrada atribuye dos delitos de sedición a Trapero y no descarta atribuirle uno de organización criminal, cuando avance la investigación. El delito de sedición castiga con 15 años de prisión a las autoridades que impidan la labor judicial o policial por la fuerza, a través de un alzamiento tumultuario.
  9. La aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y el resultado de las elecciones autonómicas del 21-D al Parlamento de Cataluña, en las que por primera vez un partido no nacionalista ganó en las urnas en votos y escaños, empiezan a tener una traducción demoscópica en favor de los constitucionalistas catalanes. Así se desprende del análisis de la «Encuesta sobre contexto político en Cataluña» elaborada por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), que ayer dio a conocer el organismo público autonómico. Casi ocho puntos porcentuales (7,9) ha bajado el secesionismo en Cataluña entre octubre de 2017 -fecha de la última encuesta de la Generalitat y del referéndum ilegal del 1-O- y el presente mes de febrero, cuando a los ciudadanos se les pregunta sobre sus preferencias si están a favor de que la región «se convierta en un Estado independiente». A favor, un 40,8%; en contra, un 53,9%. Se invierten así los porcentajes de la anterior encuesta del CEO, coincidiendo con el punto de mayor efervescencia política independentista tras los acontecimientos parlamentarios de septiembre (6 y 7 de septiembre), los acosos a la policía judicial en varias consejerías (20 y 21 de septiembre) y la propia consulta ilegal (1 de octubre), cuando el sí llegó al 48,7% y el no se quedó en el 43,6%. Cambio de tendencia En esta línea, se rompe la tendencia que en las anteriores tres encuestas mostraba una mayoría de ciudadanos de Cataluña a favor de las tesis secesionistas, y refleja el peor dato para los partidarios de la independencia desde antes de marzo de 2015, si hacemos caso a la serie demoscópica del CEO. Además, también decae la mayor distancia que había entre los dos colectivos en los últimos tres años, hasta ahora a favor del bloque secesionista (junio de 2017: 49,4%, 41,1%), al distanciarse en 13,1 puntos los favorables de la unión de Cataluña con el resto de España respecto a los que prefieren romper el país. Con estos datos y preguntado por ellos, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló en la rueda de prensa, en Madrid, tras el Consejo de Ministros que no le sorprendían debido al comportamiento, en su opinión, «más bien valleinclanesco y espepéntico» que están protagonizando los líderes de los partidos secesionistas. Para Méndez de Vigo, en base a estos resultados del CEO, cada vez más catalanes están empezando a cuestionar la «gran mentira» que se escondía en la propuesta de los partidos independentistas cuando aseguraban que Cataluña sería «una arcadia feliz» tras el 1-O. Vía minoritaria Otro de los datos relevantes que muestra la encuesta de la Generalitat es el minoritario apoyo que recibe la «vía unilateral» para obtener la secesión de Cataluña. Solo el 19% de los encuestados responde que la mejor opción que debe adoptar el próximo gobierno catalán es la de «seguir con la vía unilateral hacia la independencia». Frente a este 19%, el 35,9% prefiere que la Generalitat busque «un acuerdo bilateral» con el Gobierno de España para desencallar el proceso secesionista y un 20.9% opta por un gobierno catalán que «abandone el proceso (independentista) y participe en la comisión de reforma de la Constitución y de reforma del sistema de financiación». El 11,7% de los participantes en el sondeo es partidario de que Cataluña continúe «como hasta ahora» dentro del marco de la España de las Autonomías y el 2,2% defiende la recentralización de competencias autonómicas. Retroceso electoral de JpC Por otro lado, el CEO también preguntó sobre intención de voto tras las elecciones de diciembre de 2017 y el resultado ratificaría la victoria obtenida por la lista de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas. Así, aunque Cs perdería entre uno y tres escaños, si se llevasen a cabo mañana unas elecciones al Parlamento de Cataluña, se mantendría como formación más votada (24,7%), en una horquilla de entre 33 y 35 escaños. Por detrás, ERC -con Oriol Junqueras en prisión preventiva- subiría entre uno y tres escaños, pasando de los 32 actuales a los 33-35 que señala la encuesta, y por detrás de Cs en voto: 22,9%. El cambio más notable sería el de Junts per Catalunya (JpC), que pasaría de la segunda fuerza política parlamentaria, con 34 escaños actualmente, a los 29-31 asientos, perdiendo más de dos puntos porcentuales de voto (de 21,66% a 19,5%). De esta manera, los electores estarían castigando el bloqueo institucional que dirige el expresidente autonómico Carles Puigdemont (JpC) desde Bélgica, después de que saliera de España tras la puesta en marcha de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se iniciara, en paralelo, el proceso judicial en la Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, después, que investiga si -junto al resto del gobierno catalán- perturbaron el orden constitucional y cometieron varios delitos. Tras Cs, ERC y JpC, el PSC que lidera Miquel Iceta podría perder entre uno y dos escaños de los 17 que tiene y CatComú, coalición bajo control del exdiputado en el Congreso Xavier Domènech, mantendría los 8 diputados que obtuvo el 21-D. La CUP, por su parte, subiría de los 4 escaños a los 7-8 y del 4,46% de voto al 6%. La encuesta se realizó entre el 10 y el 30 de enero pasados (a 1.200 personas), antes por lo tanto de que la exportavoz de los antisistema Anna Gabriel decidiera fugarse de la acción de la Justicia y establecerse en Suiza y de que su compañera de formación Mireia Boya declarase ante el magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena. El PP catalán subiría en intención de voto, del 4,24% al 4,6%, pero podría perder un escaño de los 4 que obtuvo en la cita electoral del mes de diciembre. También en relación a la proyección electoral, en unas elecciones generales ERC ganaría en Cataluña con 13 escaños; le seguiría En Comú Podem, 8-10; Ciudadanos, 8-9; PDECat, 7-9; el PSC, 6-7; y el PP, 2. La CUP no se presenta a la cita nacional.
  10. La mayor amenaza de voladura de la Unión Europea está en la inmigración, muy por delante de cualquier otro de los problemas comunes. Hay dos posiciones ya irreconciliables. Algunos países de Europa occidental, Alemania a la cabeza, tienen unos gobernantes que se declaran decididos a cambiar la composición social, cultural y étnica de las sociedades que gobiernan a través de la inmigración. Otros, cada vez más y especialmente en el este, plantean un rechazo frontal a dicha inmigración. Cuentan para ello con un respaldo masivo de sus respectivas poblaciones. «Si esto sigue así, el islam pronto será mayoría y Occidente se hundirá», dijo Viktor Orban en vísperas del Consejo Europeo de ayer. Ha llamado a una alianza para parar los pies a «quienes quiere destruir los estados nacionales europeos por medio de la inmigración». «Nosotros no vemos a los musulmanes como refugiados sino como invasores». Hungría anunció -entre cifras de éxito como un crecimiento del 4,8% y un paro por debajo del 4%- que su índice de fecundidad, que llegó a estar en 1,2, ha subido al 1,5 gracias a la política de familia cuyo objetivo es superar el 2,1% para lograr una pirámide de población estable. La negativa a aceptar refugiados e inmigrantes ilegales no es negociable. Se lo ha recordado el ministro de Exteriores polaco, Konrad Szymanski, a Angela Merkel que había dicho ante el Bundestag que el dinero europeo debía repartirse considerando la disposición a aceptar inmigrantes. Szymanski advierte de que si la UE intentara por mayoría en el Consejo Europeo imponer cuotas de refugiados o condicionar las ayudas financieras estipuladas «podría llevar a una grave crisis política con muy serias consecuencias para la unidad de la Unión». El rechazo a la inmigración ilegal aumenta sin cesar en todos los países europeos. En muchos causa profundos cambios políticos. También en Alemania. El agónico proceso de formación de gobierno alemán desde septiembre se debe a la irrupción en el Bundestag de la Alternativa por Alemania (AfD) surgido de la deriva de Merkel hacia la izquierda pero ante todo del rechazo a una política de inmigración con efectos traumáticos. En otros países pasa otro tanto. Es fenómeno general que las elites políticas defienden una política de inmigración que las poblaciones no respaldan. Una amenaza «existencial» Al frente de rechazo a la inmigración del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) se ha unido Austria y podría hacerlo Italia si gana allí una mayoría de la derecha en las inminentes elecciones. Viena plantea su negativa como una cuestión de supervivencia nacional que es prioridad suprema muy por encima incluso de la pertenencia a la Unión Europea. La imposición de esas cuotas de refugiados a todos los países miembros por parte de la UE, tal como pretenden tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Berlín, se considera en Varsovia como en Budapest, pero también en Praga y Bratislava, como una amenaza existencial a la nación, la cultura nacional y su soberanía y forma de vida. A la que están dispuestos a hacer frente como en su día lo hicieron con invasiones de enemigos externos.